Movimiento ambiental por la reapropiación social de la naturaleza

La degradación social y la pobreza están ligadas a la destrucción ecológica y al deterioro ambiental, al margen de las nuevas formas de organización social surgidas de las políticas neoliberales de ajuste y de las políticas asistencialistas. Las demandas de democracia, equidad y justicia están impulsando la construcción de un nuevo sistema político donde confluyen ideas, valores e intereses, aunque sin una conciencia ecológica global y común, ni un bloque de principios que otorgue legitimidad a una ética ambiental capaz de generar consenso en el proceso de “racionalización ambiental”. Sin esta racionalización es imposible comprender los movimientos sociales que buscan la reapropiación de la naturaleza y la autogestión de los recursos productivos.

Para que esto sea posible se requiere el reconocimiento de derechos e intereses en normas jurídicas e institucionales nacionales. Los movimientos ambientalistas producen cambios sociales que exigen procedimientos jurídicos distintos a los habituales. En los países subdesarrollados, además, están directamente asociados con las condiciones de producción y de satisfacción de las necesidades básicas de la población, y se caracterizan por su diversidad cultural y política.

Los movimientos ambientalistas se orientan por uno o más de los siguientes objetivos:

1. Mayor participación en los asuntos políticos y económicos y en la gestión de los recursos ambientales.
2. Inserción en los procesos de democratización del poder político y de descentralización económica.
3. Defensa de sus territorios, recursos y ambiente, más allá de las luchas tradicionales por la tierra, el empleo y el salario.
4. Construcción de nuevos modos de producción, estilos de vida y patrones de consumo apartados de los modelos capitalistas, urbanos y transnacionales.
5. Búsqueda de formas de organización política diferentes de los sistemas corporativos e institucionales de poder.
6. Organización en torno a valores cualitativos, como la calidad de vida, más allá de la oferta del mercado y del estado benefactor.
7. Crítica a la racionalidad económica fundada en la lógica del mercado, la maximización de la ganancia y la eficiencia tecnológica.

Aunque el movimiento ambiental llega a fragmentarse por la diversidad de sus demandas, formas de organización y estrategias de lucha, también puede generar una fuerza social capaz de incorporar sus reivindicaciones en los programas del estado y de los partidos políticos, abriendo espacios de participación ciudadana en la gestión ambiental, gestando nuevos derechos ambientales y legitimando nuevas vías para la apropiación social de la naturaleza.

Para Leff (2004, p. 423), las demandas ambientales defienden la participación democrática de la sociedad en la gestión de sus recursos actuales y potenciales, y en la toma de decisiones sobre nuevos estilos de vida y futuros posibles, bajo los principios de pluralidad política, equidad social, diversidad étnica, sustentabilidad ecológica, equilibrio regional y autonomía cultural. Esto es más notorio en los grupos marginados del proceso económico nacional, cuya satisfacción de necesidades materiales y espirituales depende en mayor grado de sus condiciones ecológicas y culturales locales.

Así, el ambientalismo va más allá de sumar reivindicaciones a las formas tradicionales de negociación. Incorpora nuevos criterios para la acción social, nuevas formas de participación, nuevos valores para el desarrollo humano y nuevas estrategias económicas para satisfacer las necesidades materiales. Las demandas de socialización de la naturaleza trascienden el rescate del patrimonio natural y cultural: son una lucha por la apropiación del potencial ecológico de los recursos productivos.

Para lograrlo es necesario reaprender que la producción sustentable no se reduce a una medida de masa y energía ni a un cálculo cuantitativo de valor. La sustentabilidad resulta de articular la productividad ecológica, tecnológica y cultural. Las condiciones de existencia de las comunidades dependen de que se legitimen sus derechos de propiedad sobre su patrimonio natural y su cultura, y de la redefinición de sus procesos de producción, estilos de vida y sentidos existenciales. Por ello, estas luchas sociales van más allá de resolver conflictos ambientales mediante la valorización económica de la naturaleza y la concesión de derechos de uso.

La reapropiación de la naturaleza plantea un principio de equidad en la diversidad, que implica la autodeterminación de las necesidades, la autogestión del potencial ecológico de cada región en estilos alternativos de desarrollo y la autonomía cultural de cada comunidad. La sustentabilidad depende, entonces, de los estilos culturales y los intereses sociales que definen las formas de propiedad, apropiación, transformación y uso de los recursos, y que se establecen mediante relaciones de poder en la confrontación entre la racionalidad económica y la racionalidad ambiental.

Hoy las organizaciones sociales enfrentan no sólo el reto de su solidaridad interna y su capacidad de coalición, sino también el de representar a los grupos mayoritarios de la sociedad civil. La mayoría de las organizaciones ambientalistas constituyen un campo disperso de intereses, marcado por el localismo de sus espacios de actuación y el carácter restringido de sus demandas, lo que impide unir a los actores en torno a propósitos compartidos y estrategias capaces de enfrentar a los poderes corporativos dominantes. A diferencia de las luchas obreras y campesinas, el movimiento ambiental es transclasista: lo forman actores diversos cuya fuerza tiende a diluirse en la multiplicidad de sus intereses.

En México, los actores del ambientalismo surgen de zonas rurales y demandan formas autogestionarias de organizar su producción y comercialización. La transición hacia una democracia ambiental entraña transformaciones productivas, innovaciones tecnológicas, reformas del estado y cambios culturales para establecer una cultura de pluralidad y justicia. Esta democracia va más allá de difundir valores ambientales: implica una política de equidad diferenciada, capaz de concertar intereses encontrados y amalgamar diversos códigos culturales, y abre una vía directa de apropiación de los recursos productivos para el manejo colectivo de los bienes comunes y los servicios ecológicos.

Las luchas por la reapropiación de la naturaleza –por su resignificación y revalorización– plantean preguntas de fondo: ¿a quién pertenece la naturaleza?, ¿quién otorga los derechos para poblar el planeta, explotar la tierra y sus recursos y contaminar el ambiente?, ¿es una decisión que cae desde las alturas del poder, como la fatalidad de una ley natural, o es la movilización de los pueblos la que genera el poder para redistribuir los costos ecológicos y los potenciales de la naturaleza?

La lucha de los pueblos latinoamericanos por la autonomía, y la ambientalización de sus luchas, está movilizando cambios en el orden constitucional y jurídico en torno a nuevos derechos culturales: a la autonomía, la identidad y el territorio. En sus luchas de resistencia, sus estrategias de poder y sus formas de organización en defensa de su patrimonio natural y cultural, se están forjando los nuevos actores del ambientalismo rural, que cimentan las bases de un nuevo orden social y productivo.

La sociedad cuestiona hoy las relaciones de poder económico y político del orden establecido y, ante ello, la sociedad civil reclama mayor participación en las políticas públicas y en la autogestión de sus recursos productivos y de sus condiciones de existencia.

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza. Siglo XXI Editores. ISBN 978-968-23-2560-1.